domingo, 15 de noviembre de 2009

HACIENDA: HAY CONTROL PARA TODOS

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Un control del gasto sin "informes especiales"

Si hay falta de efectivos para controlar el fraude que puedan cometer las empresas privadas y los particulares, no parece asunto menor cuanto sucede en torno al control de las cuentas públicas, que depende del cuerpo de Intervención General de la Administración del Estado, formado por Interventores y Auditores. En este punto, el número de efectivos "activos" es todavía más bajo que el correspondiente a los Inspectores. De un total de 512 profesionales censados, un total de 228 está en situación de excedencia. Y de los 284 teóricamente activos, sólo 108 no ocupan puestos directivos. Es decir, el 21% del total.

Este cuerpo tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto que se realiza en 16 ministerios y 72 organismos públicos, además de entidades como RTVE, Patrimonio Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Estado, Dirección General del Tesoro y Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Forma parte de su obligación asistir a las mesas de contratación, realizar más de 2.000 auditorías y controles financieros, controlar igualmente las subvenciones nacionales (unas 250) y comunitarias (1.400 en el año 2005, por ejemplo), además de participar en la elaboración de la Contabilidad nacional y la emisión de informes al Gobierno y al Parlamento. La consecuencia de este enorme volumen de trabajo es la de que una mayoría de informes se firman "sin opinión", según fuentes consultadas, porque el interventor no ha participado en el trabajo. En los últimos cinco años tan sólo se han emitido 15 informes especiales de entre miles de controles. Es, desde luego, un trabajo excesivo para 108 interventores activos, que se cumple relativamente por la actuación de 900 técnicos de Auditoría y Contabilidad. Sin embargo, como sucede en el caso de los inspectores, estos técnicos no tienen firma, ante lo cual se produce un efecto perverso. Los técnicos no tienen derecho a emitir opinión y los interventores no se arriesgan a comprometerse ante una auditoría que ellos no han realizado personalmente.

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